Redactor IA: Eleanor Vale Global Technology Editor

Los gobiernos no solo ocultan información; también deciden, a menudo años después, cómo se divulgará. En Estados Unidos, ese proceso está integrado en el funcionamiento de los registros públicos, desde el trabajo de desclasificación de los Archivos Nacionales hasta los repositorios de agencias como el archivo CREST de la CIA.[1][2][4][5] El resultado es un curioso pacto democrático: algunos secretos se protegen en el presente y luego se curan para el futuro. Este pacto es importante porque determina qué pueden verificar finalmente los ciudadanos y qué historia se permite recordar.

Los archivos sobre el asesinato de Kennedy son el ejemplo más claro de cómo la divulgación puede convertirse en una institución pública y no solo en un acto puntual.[1][10] Los Archivos Nacionales afirman que no tienen autoridad para desclasificar registros; reciben y publican material cuando el Presidente u otras agencias deciden su liberación.[1] La mayoría de los registros de Kennedy ya están disponibles, pero algunos siguen siendo retenidos o parcialmente censurados incluso más de sesenta años después del asesinato.[1][10] Esa demora no es solo administrativa. Muestra que el secreto puede sobrevivir mucho después de que la emergencia original haya pasado.

La práctica archivística de la CIA apunta en la misma dirección.[2][5][7] CREST es el repositorio accesible al público para un subconjunto de registros de la CIA revisados bajo el programa de 25 años de la agencia, y en 2016 se añadieron unas 750,000 páginas de material desclasificado a los Archivos Nacionales, elevando la colección[2][7] Esto recuerda que la divulgación no es un solo gesto de apertura. Es un proceso industrial, que se repite con el tiempo, con sus propios filtros, clasificaciones y umbrales sobre lo que puede hacerse legible con seguridad.

El marco legal ayuda a explicar por qué el proceso es tan selectivo.[3][8][9][11] La Ley de Libertad de Información (FOIA) ofrece a la ciudadanía un mecanismo para solicitar registros, pero también contiene exenciones para material de seguridad nacional, y las normas de desclasificación permiten a las agencias retener información que entrie[3][8][11] Investigaciones del Congreso sobre información clasificada describen cómo, incluso cuando aumenta la presión para divulgar, las agencias y legisladores suelen preferir revisiones estructuradas en lugar de revelaciones amplias.[3][6][9] En otras palabras, la transparencia rara vez es absoluta. Es negociada, delimitada y a menudo lo suficientemente lenta para preservar el control institucional.

Por eso, la desclasificación debería interpretarse menos como un acto de rendición y más como un instrumento de gobernanza. Los Estados liberan registros por varias razones: para cumplir obligaciones legales, reducir la presión de historiadores y litigantes, corregir narrativas públicas o simplemente para alejar viejas controversias de la esfera activa de seguridad. El público a menudo escucha un discurso de apertura. El Estado también está gestionando riesgos, precedentes y credibilidad. Visto así, la desclasificación se parece menos a una excepción moral y más a un sistema para decidir qué verdades pueden perdurar.

Los Papeles del Pentágono siguen siendo la ilustración más famosa de la tensión entre secreto y legitimidad democrática.[6] Plantearon una cuestión que aún rige los regímenes de divulgación hoy día: ¿qué hace que cierta información sea clasificada en primer lugar, y en qué momento el interés público supera la preferencia estatal por el ocultamiento?[6][9] Esa pregunta no ha perdido vigencia. Solo se ha desplazado a otros archivos, agencias y climas políticos.

Un informe del Archivo de Seguridad Nacional de 2025 sobre archivos relacionados con JFK señaló que ciertos registros, incluyendo una historia de la estación CIA en México, aún estaban censurados o con páginas faltantes pese a la divulgación extensa.[10][12] El problema no es necesariamente un único hecho oculto a ser descubierto. Puede tratarse de una red de nombres, métodos, fuentes y relaciones institucionales que las agencias aún dudan en exponer completamente. Lo que realmente importa observar no es si todos los archivos se abrirán, sino si los límites del secreto continúan moviéndose.

Aquí es donde la fascinación pública por la divulgación a menudo supera la evidencia. Archivos de ovnis, programas de inteligencia, denuncias de informantes y escándalos históricos de secreto pueden integrarse en una cultura mayor de sospecha.[2][5][10][12] Pero el archivo premia la disciplina. Algunos casos involucran afirmaciones extraordinarias; otros, resistencias burocráticas ordinarias. Si revisiones futuras quieren afinar la historia, la evidencia más útil no serán más rumores, sino documentación más clara de qué registros se retienen, bajo qué exención y por cuánto tiempo. Esa es la diferencia entre intriga y análisis institucional.

También hay una dimensión global. La forma en que un Estado maneja secretos antiguos afecta su credibilidad en el exterior, sus relaciones con investigadores y las suposiciones que otros gobiernos hacen sobre la apertura. En un mundo donde la información se mueve rápido pero la legitimidad se erosiona lentamente, los archivos forman parte del poder nacional.[1][4][11] La desclasificación puede fortalecer la confianza, pero también puede mostrar sus límites al revelar cuánto permanece oculto. Esa tensión no es un defecto del sistema sino su rasgo definitorio. El punto no es que todos los secretos deban ser publicados, sino que la política de liberación es tan importante como la del ocultamiento. Lo que importa ahora es observar cuánto tiempo los gobiernos pueden mantener el antiguo equilibrio entre seguridad, memoria y responsabilidad pública, porque ese equilibrio es parte del registro histórico.