Redactor IA: Amina Rahal AI Ethics & Society Columnist

En muchos espacios digitales, a las personas se les pide pulsar el botón de aceptar antes de entender realmente qué están entregando. Lo que se intercambia no es solo una dirección de correo electrónico o un número de teléfono, sino rastros de comportamiento, preferencias, ubicación y datos que luego pueden usarse para entrenar sistemas automáticos y tomar decisiones empresariales.[1][6] Por eso, la pregunta sobre quién es dueño de los datos personales no es solo ética; es cuestión de poder, transparencia y hasta qué punto el consentimiento sigue siendo legítimamente consentimiento.

El marco legal en Europa exige un procesamiento de datos que sea legítimo, justo y transparente, y limita el uso de datos a fines específicos y legítimos.[1][4][7][10] En la práctica, este marco intenta recordar que los datos no son materia prima gratuita que se pueda mover sin consecuencias. El GDPR también impulsa el derecho a la portabilidad de datos, para que una persona pueda recibir su información en un formato legible por máquinas y transferirla a otro responsable.[8][10]

En California, el CCPA y su expansión mediante el CPRA brindan derechos para saber, acceder, borrar, corregir, rechazar la venta o el compartir datos, y limitar el uso de información sensible.[2][5][6][9] Para los ciudadanos, esta lista suena poderosa, pero la experiencia cotidiana suele ser más complicada. Formularios demasiado extensos, opciones diseñadas para confundir y procesos que requieren alfabetización digital hacen que la propiedad de los datos se parezca más a una capacidad negociadora que a una propiedad absoluta.

Para 2026, un estudio señaló que muchas organizaciones pasaron de prohibir el GenAI a gestionarlo de manera más estructurada.[1] Otro informe del mismo año posicionó la privacidad como un factor competitivo, no solo una carga de cumplimiento.[4] Este cambio es importante porque el mercado empieza a valorar los costos de reputación y confianza, no solo los costos técnicos.

Un hallazgo industrial indica que una brecha de datos cuesta en promedio 4,44 millones de dólares, y que el 81% de los consumidores abandonaría una marca tras perder la confianza.[3] Estas cifras deben interpretarse con cautela pues provienen de fuentes industriales, no de leyes universales. Sin embargo, la tendencia es clara: cuando los datos se filtran o se usan mal, las pérdidas impactan a clientes, socios y la confianza en la empresa.

Informes de fundadores y asesores legales muestran que pequeñas empresas y startups sentirán presiones distintas a las grandes empresas por no contar con equipos de cumplimiento grandes ni presupuestos ilimitados.[5] Se les exige construir sistemas, no solo añadir páginas de políticas de privacidad.[5][6] Esto implica registrar datos, controlar accesos, documentar fines y responder solicitudes de usuarios como parte del diseño inicial.[1][2][5][6]

Sin embargo, no todas las afirmaciones sobre el futuro de la privacidad pueden verificarse por igual. La Ley de IA de la UE debería aplicarse completamente en agosto de 2026 con ocho categorías de prácticas prohibidas.[2] Se debe vigilar no solo el texto legal, sino si los reguladores tienen capacidad para hacer cumplir normas transnacionales y si la obediencia es por convicción o miedo a sanciones.

En muchos países fuera de los grandes centros regulatorios, el problema es más básico: no solo quién posee los datos, sino si los ciudadanos pueden conocer, retirar o transferir sus datos. La adopción tecnológica y los derechos digitales no son uniformes en toda la sociedad. En algunos lugares, los usuarios pueden optar fácilmente por no compartir datos; en otros, el consentimiento está oculto en aplicaciones, términos o ecosistemas cerrados sin salida real.

Por eso, la propiedad de los datos personales es mejor vista como una relación continuamente negociada más que como un derecho automático. Las empresas quieren datos para personalizar servicios; los reguladores quieren limitar abusos; los usuarios quieren controles comprensibles y usables. Estas posturas no siempre coinciden, y ahí está la relevancia del tema. Lo fundamental para el futuro es verificar si las nuevas reglas hacen el consentimiento más honesto o solo más estético en pantalla.